Un reciente reporte del Departamento de Justicia de EEUU señaló que la Policía de Puerto Rico violaba los derechos civiles de los ciudadanos constantemente. En los últimos años se han dado más y más casos de brutalidad policíaca, carpeteo y prohibición de la libre expresión y participación en los procesos.
Y los políticos se salen con la suya. Por una parte, el pueblo boricua debe ser uno de los más pasivos del mundo tras 500 años de yugo extranjero. Pero la situación empeora cuando la mitad de los puertorriqueños no pueden mencionar un derecho civil. Si la educación es pobre, la educación sobre los derechos parce que está peor. Esta fue la conclusión de una encuesta por estudiantes de la Escuela de Derecho de la Inter, la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, Amnistía Internacional y abogados de la Comisión de Derechos Civiles.
Si usted o un familiar caen en una redada, y un policía celebra el operativo como “exitoso”, alardeando de que se impusieron fianzas, sepa que lo que está diciendo es que la fianza es un castigo y está presumiendo que el arrestado es culpable.
Pero la libertad bajo fianza no es un castigo, sino un derecho civil, así como la presunción de inocencia, el sufragio y la libertad de culto, entre otros. Y una de las mejores maneras para defenderse del Estado es que los ciudadanos sepan cuáles son estas protecciones legales.
El 50.2% de los puertorriqueños, sin embargo, no puede mencionar un solo derecho civil, ni el 58% un derecho humano. Eso indica una encuesta llevada a cabo por estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, Amnistía Internacional y abogados de la Comisión de Derechos Civiles.
El objetivo del grupo: educar sobre esos derechos y actualizar el último estudio que se hizo sobre este tema en 1959, explicó al Centro de Periodismo Investigativo uno de los organizadores de la encuesta, el abogado Osvaldo Burgos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, y ex director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
El estudio anterior fue hecho a petición del entonces gobernador Luis Muñoz Marín, preocupado porque los boricuas desconocían el tema. Eso a pesar de que ya habían pasado siete años desde la creación de la Carta de Derechos, que reconoce las garantías fundamentales de los individuos frente al Estado. En aquel momento, el 47% de la ciudadanía no podía mencionar un solo derecho civil.
Más desconocimiento que en el siglo pasado
Hoy el 50.2% no pudo mencionar un derecho, lo que quiere decir que la gente los conoce menos. “Eso te demuestra que la preocupación que tenía el gobernador Luis Muñoz Marín está vigente y ahora estaría más preocupado”, añadió Burgos. “Al Estado actual le conviene mantener a la gente ignorante sobre los derechos. En la medida que un ciudadano no los conoce no los va a reclamar. Esto no es casualidad, es intencional. Tener ese desconocimiento y un gobierno como este es una mezcla fatal”.
La encuesta surge tres meses después de que el Departamento de Justicia federal publicara un informe que acusaba a la Policía de Puerto Rico de violar derechos civiles y de hacer sistemáticamente registros ilegales o uso excesivo de la fuerza, que resultaron en cientos de heridas y muertes de ciudadanos.
Para llevar a cabo la encuesta, los organizadores entrevistaron a 900 personas en toda la Isla. El 44% tenían un grado universitario, un 34% había completado escuela superior y el 4% contaba con educación técnica o vocacional, de modo que debían poder mencionar algunos de esos derechos.
La ley 102 de 28 de junio de 1965, que creó la Comisión de Derechos Civiles, dio un mandato para que las escuelas eduquen sobre este tema. “La Comisión no ha tenido un programa (educativo) agresivo en escuelas y universidades. Algunas tienen cursos electivos pero no están integrados adecuadamente con otras materias como historia y ciencias sociales”, sostiene Eduardo Villanueva, ex presidente del Colegio de Abogados y una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos humanos en el País. “El currículo (sobre el tema) en las escuelas públicas y privadas es pobre”.
Se supone que en Puerto Rico sea la Policía y la Comisión las llamadas a proteger los derechos civiles y humanos, puesto que tienen leyes orgánicas que así lo establecen. Pero sólo el 5% de los encuestados manifestó confianza en la Policía para que así lo haga, y sólo un 2% confía en la Comisión.
Las entrevistas se hicieron en marzo pasado, cuando tres grupos de entrevistadores y educadores fueron por toda la Isla a hacer las preguntas y a llevar el mensaje en centros comerciales, playas, plazas y otros espacios públicos. En octubre pasado, incluyeron a las islas municipio de Vieques y Culebra.
El derecho a la información
El 80% de los entrevistados también sostuvo que no cree en la información que ofrece el Gobierno a los ciudadanos. Burgos recordó que el Centro de Periodismo Investigativo ha llevado al Departamento de Salud ante las cortes para que de acceso a los certificados de defunción, lo que podría ayudar a crear campañas y educar para disminuir la primera causa de muerte en la Isla. Pero, cuando Salud finalmente entregó parte de la información el año pasado, no estaba actualizada, porque sólo proveía cifras hasta 2006.
“Una de las grandes violaciones de derechos civiles en Puerto Rico es lo que tiene que ver con acceso a la información, que es parte esencial de la participación democrática”, añadió Burgos. “La gente no lo denuncia porque no lo entiende. Pero estamos viviendo en un oscurantismo y en represión. Cuando no da información, te dices que el Gobierno algo esconde”.
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