Publicado en 27 de Enero de 2012

El Bosque Seco de Guánica vuelve a recibir otra amenaza, en este caso una compañía privada con la autorización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Ha llamado la atención que esta compañía privada, Puerto Rico Experience Tour, tendrá acceso a usar el Centro de Visitantes (¿Hay espacio suficiente?) y actividades de eco-turismo como paseos en kayak. Esta compañía parece que solamente ofrece experiencias de guías de audio en el Viejo San Juan, como aparece en su página de Facebook. ¿Qué la hace merecedora de una concesión en el Bosque Seco? ¿Tiene personal preparado? ¿Tiene experiencia para cumplir con todos los requisitos? ¿Hubo subasta para escojer la mejor compañía o fue un contrado hecho a la medida?

Lo que más preocupa sobre este negocio es que se le permitirá el uso de vehículos de todo terreno, alquiler de bicicletas y tener un área para vender comida en Playa Tamarindo, una de las pocas áreas que los sapos conchos tienen para reproducirse. Debido a los impactos que todas estas actividades van a tener, esta nueva actividad debería al menos ser evaluada y consultada con ecólogos que trabajan en el bosque.

¿Qué impacto tendrán en la Playa Tamarindo? ¿Cuántas especies se verán afectadas por el ruido de los vehículos todo terreno? ¿En cuáles veredas se debe permitir el uso de bicicletas para reducir la mortandad de animales? Todas estas preguntas, y más, deben ser estudiadas y discutidas abiertamente antes de vender nuestros recursos. Las actividades que no tengan un impacto significativo, que se hagan, y que parte de los fondos se usen para el mismo Bosque Seco. Aquellas actividades que necesiten supervisión o monitoreo, que la compañía privada los costee. No se está pidiendo nada exagerado.

Telenoticias cubrió la curiosa noticia de que oficiales del Cuerpo de Vigilantes del DRNA se estaban ubicando en las oficinas del Bosque. Al preguntarles sobre la movida, los oficiales no ofrecieron explicación, lo que nos indica que ellos saben que no es por razones válidas. Conociendo la actitud totalitaria del gobierno, no nos debe extrañar que esta sea una medida para intimidar al que quiera protestar y para empezar a defender una compañía privada con fondos del estado.

De hecho, el oficial de manejo del Bosque, Miguel Canals, quién ha defendido al Bosque Seco por décadas y tiene todo el respeto y admiración de los biólogos y ambientalistas, indicó que él se siente intimidado por la movida. La excusa de que los Vigilantes van a ofrecer vigilancia al Bosque nadie la cree por la coincidencia. El pueblo y los científicos cuestionan la concesión y piden que se discuta, pero la administración de turno no ha demostrado que tenga interés alguno en escuchar, a menos que seas un amigo dispuesto a donar dinero para la campaña. El Secretario del DRNA no debe olvidar que su trabajo es proteger los recursos naturales de Puerto Rico, no sacrificarlos para sacarle dos pesos.

Esta administración se ha destacado por no importarle lo que diga el pueblo que gobiernan. Por ejemplo, a estas alturas no han dicho si el proyecto del gasoducto continúa en pie o no. No podemos bajar la guardia cuando ofrecen excusas flojas o promesas de que va a haber supervisión cuando no hay personal para hacer las tareas que existen ahora.

Ariel Lugo, ecólogo reconocido a nivel mundial, publicó una nota llamando la atención a la necesidad de defender el Bosque de Guánica y las otras (muy pocas) áreas protegidas en la isla:

Amenaza a las Áreas Naturales Protegidas

26 Enero 2012

Solamente el siete por ciento del territorio de Puerto Rico está dedicado a las Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, a pesar de su limitada extensión territorial, estas zonas albergan la gran mayoría de la biodiversidad natural de Puerto Rico, incluyendo especies raras y en peligro de extinción y las especies endémicas. Estas últimas son especies únicas ya que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.

Más aún, las Áreas Naturales Protegidas son de crítica importancia para nuestros abastos de agua, calidad ambiental, espacios abiertos, recreación, educación y turismo ecológico. Son nuestras joyas ambientales, los lugares de mayor importancia ecológica en el país.

Ameritan la atención de todos y el esfuerzo conjunto del país para asegurar su protección permanente tal como se estipula en múltiples leyes y reglamentos vigentes. Puerto Rico debe estar orgulloso de ellas.

Sin embargo, súbita y lamentablemente las siguientes Áreas Naturales Protegidas de Puerto Rico han sido amenazadas por acciones de la institución cuya responsabilidad es protegerlas: Área Recreativa Atracadero; Bosque Estatal de Aguirre; Bosque Estatal de Boquerón; Bosque Estatal de Cambalache; Bosque Estatal de Carite; Bosque Estatal de Guajataca; Bosque Estatal de Guánica; Bosque Estatal de Guilarte; Bosque Estatal de Maricao; Bosque Estatal de Piñones; Bosque Estatal de Río Abajo; Bosque Estatal de Susúa; Bosque Estatal de Toro Negro; Bosque Estatal de Vega; Cayo Aurora (Isla de Guilligan); Cayo Ratones; Puerto Mosquito de Vieques; Refugio de Vida Silvestre de Boquerón; Refugio de Vida Silvestre Embalse Cerrillos; Refugio de Vida Silvestre Embalse Guajataca; Refugio de Vida Silvestre Embalse La Plata; Refugio de Vida Silvestre Embalse Lucchetti; Reserva Natural Arrecifes de La Cordillera en Fajardo; Reserva Natural Bahía Bioluminiscente; Reserva Natural Caño Tiburones; Reserva Natural Isla Caja de Muerto; Reserva Natural Isla de Mona; Reserva Natural La Parguera; Reserva Natural Laguna Tortuguero; Reserva Natural Río Espíritu Santo; Vivero de Peces en Maricao.

La acción del gobierno de Puerto Rico consiste en abrir todas estas Áreas Naturales Protegidas a concesionarios para llevar a cabo en ellas un sinnúmero de actividades comerciales relacionadas a la recreación.

La amenaza a las Áreas Naturales Protegidas no se debe a que se emitan concesiones para los usos recreativos dentro de ellas. De hecho, el uso recreativo de éstas zonas es uno de sus valores para los puertorriqueños.

La amenaza consiste en los tipos de usos permitidos, los lugares donde se llevarán a cabo las actividades, la forma cómo se llevarán a cabo las mismas y los conflictos entre los usos permitidos y los valores naturales de las Áreas Naturales Protegidas.

La acción del Gobierno es tan extensa y potencialmente peligrosa que amerita una Declaración de Impacto Ambiental, particularmente cuando ninguna de estas Áreas Naturales Protegidas tiene planes de manejo para guiar su uso y protección.

Como todas las áreas afectadas son patrimonio público, el Gobierno está obligado a demostrar que sus acciones no comprometerán los valores naturales patrimoniales y no patrimoniales potencialmente en peligro de ser afectados.

Como ejemplo de los potenciales impactos ambientales de esta acción consideremos lo que puede pasar en el Bosque Estatal de Guánica donde las actividades ya autorizadas podrían afectar especies endémicas y en peligro de extinción.

Más aún, el bosque no tiene empleados para supervisar a los concesionarios cuyo interés principal es el económico y no la protección del patrimonio público. La responsabilidad de protección le compete al Gobierno y es imperativo que el público vea evidencia de que las concesiones son compatibles con los valores naturales de dichas zonas antes mencionadas.

Hasta el momento tal evidencia apunta más a la comercialización y privatización de las Áreas Naturales Protegidas que a su protección.



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